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La crisis política en Venezuela lleva gestándose desde 2013, cuando el presidente Nicolás Maduro sucedió a Hugo Chávez. Su presidencia se ha enfrentado a una resistencia generalizada a través de grandes protestas, sobre todo en febrero de 2014, septiembre de 2016 y abril de 2017. Sin embargo, estas manifestaciones no lograron obligarle a entablar negociaciones. Por el contrario, su gobierno respondió con tácticas cada vez más duras y represivas, intensificando la represión de la disidencia. El régimen de Maduro socavó sistemáticamente los procesos democráticos, ejemplificado por la desautorización de la Asamblea Nacional y el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente progubernamental. Al carecer de apoyo popular, la reelección de Maduro en 2018 fue ampliamente criticada por presunto fraude electoral y llevó a la Asamblea Nacional a nombrar a Juan Guaidó como líder interino, recibiendo el reconocimiento de más de 50 gobiernos. Sin embargo, Maduro retuvo el poder mediante la represión violenta y el respaldo militar, haciendo gala de un intenso autoritarismo.
En julio de 2024, Maduro obtuvo otro mandato, lo que provocó nuevos disturbios y una escalada de la represión. La oposición, liderada por María Corina Machado, afirma que su candidato, Edmundo González, ganó las elecciones, acusando al Consejo Nacional Electoral (CNE) de declarar vencedor a Nicolás Maduro mediante resultados fraudulentos. La oposición ha publicado 84% de papeletas que, según ellos, prueban la victoria de González, mientras que el gobierno insiste en que están falsificadas.
Con el aumento de los disturbios y la generalización de las violaciones de los derechos humanos, la situación se ha vuelto cada vez más peligrosa.
Más de 2.000 personas han sido detenidas desde las elecciones de julio, y más de 100 adolescentes han sido acusados de terrorismo. En respuesta, Maduro ha anunciado la construcción de nuevas prisiones para "reeducar" a quienes se oponen a su gobierno. Ante la falta de transparencia en relación con estas detenciones, ha aumentado la preocupación por las continuas violaciones de los derechos humanos y la persecución política. Un reciente informe de las Naciones Unidas arrojó luz sobre el aumento de la represión de los opositores políticos en Venezuela, con el régimen de Maduro recurriendo a detenciones arbitrarias con miembros de la oposición, defensores de los derechos humanos y ciudadanos de a pie considerados un "riesgo político." Al menos 25 personas resultaron muertas, lo que indica el uso de fuerza letal contra los manifestantes. Las pruebas también sugieren la participación de civiles armados durante las protestas, así como de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana que participaron en la represión violenta.
El 17 de agosto, Machado convocó una "Protesta Mundial" masiva para denunciar los resultados del CNE y exigir transparencia. Convocó tanto a los venezolanos en el país como en la diáspora a unirse bajo la bandera de la "Gran Protesta Mundial por la Verdad". A pesar de los riesgos, muchos venezolanos salieron a la calle, algunos hablando en anonimato sobre el miedo a la represión bajo el régimen de Maduro. Grupos paramilitares armados, conocidos como "colectivos", fueron vistos patrullando zonas de la nación para intimidar a los manifestantes.
El 28 de septiembre volvieron a reunirse en la "Gran Protesta Mundial por la Libertad de Venezuela" para dar a conocer la inquebrantable voluntad del pueblo venezolano. A pesar de ser el blanco implacable del régimen, María Corina Machado subraya la importancia de la unidad de los venezolanos en estos momentos cruciales. Cada protesta es un poderoso testimonio del espíritu perdurable y la resistencia del pueblo frente a la represión y las penurias.
Esta intensificación de la represión hace que la navegación por el país sea aún más arriesgada para los viajeros, especialmente para quienes puedan ser percibidos como políticamente activos o críticos con el gobierno.
Las protestas callejeras son especialmente frecuentes en la capital, Caracas. Estas protestas suelen comenzar de forma pacífica, pero rápidamente pueden tornarse violentas cuando las fuerzas de seguridad reprimen a los manifestantes con gases lacrimógenos, cañones de agua y balas de goma. Incluso las regiones que no suelen asociarse a los disturbios, como los centros turísticos, no son inmunes a los cortes de carretera o las concentraciones masivas.
En la actualidad, la mayoría de los países clasifican los viajes a Venezuela como de alto riesgo. La combinación de disturbios civiles, inestabilidad política y delincuencia generalizada, agravada por las dificultades económicas, hace que incluso los viajes rutinarios puedan estar plagados de peligros.
Si es necesario viajar a Venezuela, es crucial tomar estrictas precauciones de seguridad. Siga las rutas conocidas y evite viajar solo. Esté atento a las noticias y avisos locales, ya que la situación puede deteriorarse rápidamente sin previo aviso.