Francia no es ajena a los disturbios civiles y huelgas por las reformas de las pensiones. El sistema de pensiones francés se basa en un sistema de reparto. En el pasado, ha habido múltiples protestas relacionadas con las pensiones en Francia. En 2010, a pesar de un amplio abanico de protestas, el Gobierno elevó la edad de jubilación de 60 a 62 años. Las protestas más recientes tuvieron lugar en 2019, cuando el Gobierno propuso una reforma destinada a crear un sistema de pensiones universal. Las protestas duraron semanas y el proyecto de ley fue archivado debido a la pandemia de COVID-19. 

La primera huelga nacional contra el proyecto de ley del presidente Emannuel Macron para aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años se celebró el 19 de enero de 2023. Desde entonces, tanto los sindicatos como el Gobierno no han logrado alcanzar una solución mutuamente aceptada. Esto ha provocado otras 10 jornadas de huelga nacional en los últimos meses, la última el 6 de abril de 2023. Desde enero, estas protestas han obstaculizado los desplazamientos, tanto aéreos como ferroviarios. Los controladores aéreos franceses llevan más de 30 días de huelga, lo que ha provocado la cancelación de miles de vuelos. Aerolíneas como Ryanair y EasyJet han pedido a la Comisión Europea que intervenga en la situación francesa. 

Tras la primera oleada de huelgas y protestas, el gobierno recurrió al artículo 49.3 de la Constitución francesa para hacer aprobar el proyecto de ley en el Parlamento. Este artículo permite al gobierno aprobar un proyecto de ley sin someterlo a votación, a menos que se produzca una moción de censura. A pesar del fracaso de dos mociones de censura, el proyecto salió adelante. Esto sólo dio lugar a más huelgas y a un aumento de la violencia durante las protestas. 

Las protestas por las pensiones en Francia han sido un acontecimiento recurrente a lo largo de los años, con victorias para ambos bandos. Ha habido indicios de que el actual movimiento de protesta está empezando a perder impulso, como el descenso del número de personas en las calles. El veredicto final lo dará a conocer el 14 de abril el Consejo Constitucional, que podría denegar partes del proyecto de ley o el proyecto en su totalidad. 

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